En los últimos cuatro años, importaron más de RD$713 millones en unidades, incluyendo modelos de lujo, sin pagar impuestos gracias a un régimen fiscal vigente
Santo Domingo. -Más allá
de la creencia generalizada de que las exoneraciones fiscales para la
importación de vehículos benefician principalmente a funcionarios públicos,
legisladores, diplomáticos o grandes concesionarios, los datos oficiales
revelan una realidad menos visible pero igualmente significativa: las iglesias
figuran entre los sectores con mayor acceso a este tipo de privilegio
tributario en la República Dominicana.
Entre 2020 y 2024, diversas
congregaciones religiosas importaron cientos de vehículos —incluidos modelos de
lujo— sin pagar un solo centavo en impuestos, amparadas en un régimen fiscal
que ha permanecido prácticamente inalterado por décadas.
De acuerdo con registros de la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), analizados por Listín Diario,
las instituciones religiosas adquirieron vehículos por un valor superior a
RD$713 millones durante ese período, lo que implicó una pérdida fiscal de
RD$294,746,725.31 en concepto de impuestos aduanales e internos cuya cifra
representa una merma significativa para las finanzas públicas, especialmente en
un contexto donde se debaten posibles reformas fiscales y la necesidad de
racionalizar el gasto del Estado.
El marco legal que sustenta estas
exoneraciones es el Concordato entre la Santa Sede y el Estado dominicano,
firmado en 1954. Este acuerdo otorga a la Iglesia Católica —y, por extensión,
mediante decisiones administrativas, a otras denominaciones religiosas—
beneficios fiscales para la adquisición de bienes vinculados a su labor
espiritual, educativa y comunitaria. Sin embargo, el uso actual de estas
prerrogativas plantea dudas sobre su alineación con ese propósito original.
Durante el período analizado,
decenas de entidades religiosas hicieron uso de este mecanismo. La Iglesia de
Dios Inc. lideró la lista con 58 vehículos importados, seguida por la Unión
Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día, con 56 unidades.
También figuran el Obispado de San Francisco de Macorís (12 vehículos), el
Obispado de Santo Domingo (6), así como el Instituto Politécnico Loyola y la
Compañía de Jesús, con entre dos y cuatro unidades cada una.
Mientras que la Iglesia Católica
se beneficia directamente del Concordato de 1954, las iglesias evangélicas
gestionan sus exoneraciones a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas
(SSID), conforme a lo dispuesto en la resolución 5941. La entidad, reconocida
oficialmente por el Estado dominicano, es la encargada de tramitar las
solicitudes de exoneración de impuestos aduanales en nombre de las
congregaciones evangélicas.
El procedimiento está regulado
por la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD) y requiere que el SSID
participe en varias etapas del proceso, desde la validación inicial hasta la
coordinación con las autoridades aduaneras. A través de este mecanismo, decenas
de iglesias no católicas acceden cada año al beneficio de importar vehículos
sin pagar impuestos, bajo el supuesto de que serán utilizados en funciones
pastorales, sociales o comunitarias.
Empresas privadas detrás de
exoneraciones sin fines de lucro
Aunque en teoría las
exoneraciones son solicitadas por las instituciones religiosas, en la práctica,
la mayoría de los vehículos aparece a nombre de concesionarios privados. Delta
Comercial S.A., por ejemplo, figura como el principal proveedor, con 185
unidades vendidas a iglesias, superando incluso a las propias entidades
religiosas en número de registros.
Este hecho revela fallas
estructurales en el sistema de control estatal. Idealmente, las listas deberían
estar encabezadas por las instituciones religiosas que gestionan directamente
las exoneraciones, y no por intermediarios comerciales. Esta situación
evidencia la necesidad de que el Estado depure los registros, identifique a los
beneficiarios reales y determine con claridad el uso final de los vehículos
importados.
A ello se suma la ausencia de
auditorías públicas y mecanismos de verificación efectivos. No hay constancia
de que las autoridades fiscales realicen inspecciones sistemáticas para
confirmar que los vehículos se utilizan en actividades religiosas, educativas o
sociales, como establece el marco legal. Este vacío en la supervisión ha
permitido que el régimen de exenciones evolucione hacia un mecanismo de consumo
privilegiado, más que un verdadero instrumento de apoyo comunitario.
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