De los más de 900 mil pertrechos, hay 230,340 cápsulas, calibre 5.56 milímetros, utilizadas para fusiles
Santo Domingo. -Las más de 900 mil municiones sustraídas del Departamento
II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entre las cuales hay
230,340 cápsulas, calibre 5.56 milímetros utilizados para fusiles, eran sacadas
en mochilas para evadir las cámaras de seguridad, según el Ministerio Público
en la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 policías acusados del
hurto.
En el Departamento II de la Intendencia de Armas de la
Policía, ubicado en el Palacio de la Policía Nacional, de la avenida Leopoldo
Navarro, se colocaron cajas que fueron confeccionadas para sustituir las
municiones y no levantar sospechas.
Sobre las cápsulas 5.56 milímetros para fusiles, el órgano
persecutor señala que la sustracción y venta por parte de los policías es un
"hecho de extrema gravedad" porque esas armas “constituyen armas de
guerra y no están permitidas a los civiles".
Contra el intendente de armas, el coronel Narciso Antonio
Feliz Romero y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos se afirma que
"también coordinaron que fuesen confeccionadas cajas falsas para cubrir
los faltantes en el área de intendencia de armas, lo cual no impidió que se
verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta
ilegal por estos agentes policiales".
"El precio de las cajas de municiones de 9 mm con 50
unidades, sustraídas de los depósitos de la Policía Nacional, eran vendidas
entre los tres mil ochocientos pesos dominicanos (DOP$3,800.00) y los cuatro
mil quinientos pesos dominicanos (DOP$4,500"), se detalla en expediente de
solicitud de coerción a los encartados.
Impacto económico de casi RD$65 millones
La masiva sustracción de pertrechos "durante el
2024" en la intendencia de armas por parte de los encargados de
custodiarlas tuvo un impacto económico para la Policía Nacional y el Estado
dominicano de "sesenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro
mil quinientos cinco pesos (RD$64,954,505.48", sostiene el Ministerio
Público.
El coronel Narciso Antonio Feliz Romero se desempeñó como
intendente desde el mes de noviembre del 2023 hasta el 25 de octubre de este
año 2024.
Los demás imputados
Además del coronel Feliz Romero, también se vincula en
Operación Pandora el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson
Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán
y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una
auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de
municiones.
Asimismo, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez
Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor
Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel
Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada
Miguelina Bello Segura, quienes fungía como pieza clave en la parte operativa
de la organización criminal.
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