Santo Domingo. -Hugo Beras sonrió, unió sus manos
en señal de agradecimiento y miró hacia atrás desde su banqueta de acusados
donde se encontraban sentados sus familiares, escuchando el dictamen de los
jueces que lo pondrá fuera de la cárcel de Najayo para continuar su proceso
judicial con una nueva medida de coerción: impedimento de salida del país,
presentación periódica y una garantía económica de RD$5, 000,000.
"Estoy agradecido, porque voy a tener la oportunidad de
ver a mis hijos, que no los he visto todavía", expresó a su salida de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional la noche de este lunes 11 de noviembre
el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (Intrant), señalado por el Ministerio Público como coautor y
principal facilitador en un presunto entramado de corrupción relacionado con la
red semafórica y el sistema de videovigilancia que sería instalado en la provincia
Santo Domingo.
Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán de la
Segunda Sala Penal de dicha Corte tomaron la decisión de colocar una medida de
coerción menos gravosa a un mes de que Beras fuese enviado a la cárcel de
Najayo. Los jueces consideraron que el exdirector del Intrant no representa
peligro de fuga.
El exdirector del Intrant también prometió a su salida que
más adelante daría unas declaraciones al país.
La medida de coercion que pesaba en contra del exfuncionario
consistía en prisión preventiva por 18 meses. Junto a Beras también fue
favorecido con medida menos gravosa José Ángel Gómez Canaán (Jochi),
propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio
Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
La Corte valoró a unanimidad las variaciones de medida de
coerción contra Hugo Beras y Pedro Padovani; en el caso de Jochi Gómez hubo un
voto disidente por parte de la jueza Isis Muñiz, quien no estuvo de acuerdo con
dejar fuera de la cárcel a este último.
Los jueces manifestaron que los allanamientos realizados por
las autoridades se hicieron dentro del ámbito de la legalidad.
Jochi, Hugo y Padovani son señalados de pertenecer a una
supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa
contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando,
comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo
de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno
al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del
Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran
Santo Domingo.
0 Commentarios:
Publicar un comentario