CANCELACIONES, RENUNCIAS Y SUSPENSIONES DE FUNCIONARIOS HAN MATIZADO ESTOS NUEVE MESES DE GESTIÓN DE ABINADER
La primera en saltar a la palestra pública, luego que hiciera su declaración jurada de bienes, donde incluía unos 100 millones de pesos en su patrimonio, fue la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras.
Fue designada en el cargo desde antes de Abinader tomar posesión, el 23 de julio de 2020 puesto que ocupó por menos de cuatro meses.
A Taveras le siguió el director del Instituto Agrario Dominicano (IDA), Leonardo Faña, quien fue suspendido de sus funciones el 19 de enero por el presidente Abinader, luego de que el funcionario lo solicitara, tras una acusación de agresión sexual por parte de una de las funcionarias de la entidad.
Faña cumplió prisión preventiva por el presunto hecho, y luego fue dejado en libertad aunque con impedimento de salida y presentación periódica, además de una multa de RD$500 mil pesos. José Daniel del Rosario Valdez, fue designado en el cargo.
El ex vice ministro de Salud Pública y ex director de Gabinete, Robinson Díaz, renunció al cargo, alegando asuntos personales, hecho ocurrido el 19 de febrero pasado, decisión que anunció a través de su cuenta de Twitter. En el cargo designaron a Robinson Santos.
Siete días después el ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, sorpresivamente fue destituido a través de un decreto emitido por el presidente Luis Abinader, luego de un escándalo originado tras la publicación de una licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan de Vacunación Nacional contra la Covid-19 con precios presuntamente abultados por el encima del promedio. El doctor Daniel Rivera fue designado en el cargo.
A esta lista de renuncias del órgano sanitario se suma Ivelisse Acosta, ex viceministra de Salud Colectiva, quien dijo tener razones “muy personales” para tomar la decisión, cuya carta fue firmada el 27 de abril de 2021. Para cubrir el cargo designaron a Eladio Radhamés Pérez Antonio.
Al menos siete encargados que laboraban en el ministerio de Salud han sido sustituidos por renuncias y cancelaciones.
El 5 de mayo salió a relucir la renuncia de Carlos Fondeur, ex presidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado (Coraasan) en Santiago, alegó que en la institución limitaban la empresa que preside del sector construcción ya que este es suplidor del Estado.El cargo lo ocupa actualmente, desde el 12 de ese mismo mes, el ingeniero Conrado Antonio Asencio Torres.
El 13 de mayo pasado, la ex gerente de puerto, Feyla Rodríguez Pavón, renunció alegando “motivos personales”, luego de darse a conocer un supuesto fraude millonario que involucra a varios empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata. Por el caso algunos empleados de esa entidad están siendo investigados.
A la lista de funcionarios cancelados le siguió el ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torre Robiu, quien colocó su puesto a disposición del presidente, y fue destituido luego de que fuera mencionado en la denominada Operación Coral. En el cargo asignaron al general Minoru Matsunaga,
Otro de los que Girón mencionó en sus declaraciones fue a Elvis Alberto Muñoz Peralta, quien fungía como encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial, y sacado de sus funciones tras las declaraciones.
El escándalo más reciente en el que se ha visto envuelto un funcionario del gobierno de Luis Abinader, es el de la Lotería Nacional, luego de que se difundiera un video donde se mostraba un fraude en el sorteo del pasado primero de mayo, y cuya presentadora acusó al administrador, Luis Maisichell Dicent, de participar en el hecho. Maisichell Dicent fue cesado en sus funciones por dos meses, con disfrute de sueldo, hasta tanto que esclarezca la situación.
En el caso están involucradas otras personas, donde dos de ellas ya han declarado en contra del suspendido administrador, incluyendo la presentadora del sorteo.
Horas después de suspender a Dicent, se dio a conocer el decreto que destituía a Tomás Ozuna Tapia como administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Ozuna Tapia había denunciado varias anomalías, entre estas pagos directos por más de RD$1,300 millones de pesos sin órdenes de compra. Otro funcionario acusado de agresión sexual laboral es Antonio Gómez Díaz, ex encargado regional de Aduanas, en Santiago, a quien luego de su suspensión, le fue impuesta la medida de seis meses de prisión domiciliaria como medida de coerción, acusado de acoso y violación sexual contra dos mujeres.
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