“Pero en el caso que nos ocupa, hay un estado de
incertidumbre, por un asunto que es claro. se le otorgaron a las empresas 60
días del plazo de la suspensión, ellas van a pedir, en muchos casos, prórrogas
y se la van a otorgar, por ejemplo, 30 días más, que es lo que se están
haciendo”, acotó.
Explicó que la suspensión tiene un plazo máximo de 90 días,
la cual termina con el reintegro de los trabajadores o con su desahucio.
El sindicalista estima que esto agravaría la situación,
independientemente de que los trabajadores estén siendo asistidos a través del
Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).
El dirigente sindical sostiene que si se incluyen las
suspensiones entre los empleados formales y los que desempeñan esa labor de
manera informal, sin regulación del sistema de seguridad social ni por las
leyes laborales, “hay que decir que esto en su conjunto asciende a más de dos
millones de personas que actualmente están suspendidas en su posibilidad de
manejar los ingresos a que estaban acostumbrados”.
“La verdad es que tener más de 800,000 trabajadores
suspendidos en este en este momento, en su contrato de trabajo, es un golpe
evidentemente contundente para cualquier clase de trabajadora de cualquier
país”, recalcó.
Favorece reapertura de la economía
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