Santo Domingo.
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, advirtió que cuando llegue el tiempo en que las empresas tengan que reintegrar a los trabajadores o liquidarlos, si no están habilitadas para reiniciar con los empleados, intentarían otra suspensión, la cual no implica el pago de salarios.

“Pero en el caso que nos ocupa, hay un estado de incertidumbre, por un asunto que es claro. se le otorgaron a las empresas 60 días del plazo de la suspensión, ellas van a pedir, en muchos casos, prórrogas y se la van a otorgar, por ejemplo, 30 días más, que es lo que se están haciendo”, acotó.

Explicó que la suspensión tiene un plazo máximo de 90 días, la cual termina con el reintegro de los trabajadores o con su desahucio.

El sindicalista estima que esto agravaría la situación, independientemente de que los trabajadores estén siendo asistidos a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).

El dirigente sindical sostiene que si se incluyen las suspensiones entre los empleados formales y los que desempeñan esa labor de manera informal, sin regulación del sistema de seguridad social ni por las leyes laborales, “hay que decir que esto en su conjunto asciende a más de dos millones de personas que actualmente están suspendidas en su posibilidad de manejar los ingresos a que estaban acostumbrados”.

“La verdad es que tener más de 800,000 trabajadores suspendidos en este en este momento, en su contrato de trabajo, es un golpe evidentemente contundente para cualquier clase de trabajadora de cualquier país”, recalcó.

Favorece reapertura de la economía

Es por esto que Abreu sugirió ir abriendo los espacios económicos, con un protocolo que permita que no se propague el Covid-19.Abreu considera que la economía puede irse reabriendo por sectores de manera ordenada y de manera gradual, con el propósito de que la gente comience a laborar, lo cual quita presión al propio Estado, que no está en condiciones de responderle a todos los sectores golpeados por la pandemia