Honduras concluye 2009 con un presidente derrocado, uno de facto y otro electo
Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- Honduras cerró 2009 con tres presidentes, el derrocado Manuel Zelaya; el de facto, Roberto Micheletti, y el electo, Porfirio Lobo, quien asumirá en enero de 2010. El insólito hecho en el país centroamericano tuvo su origen en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, a quien los militares enviaron en un avión a Costa Rica, el 28 de junio pasado, y fue sustituido ese mismo día por Micheletti, quien era presidente del Legislativo y pertenece al mismo partido Liberal.
A Zelaya le faltaban siete meses para concluir su mandato de cuatro años cuando fue depuesto por promover una consulta orientada a reformar la Constitución, pese a tener una prohibición legal.
El tercer presidente, el electo, es Porfirio Lobo, ganador de las elecciones generales del 29 de noviembre por amplia mayoría frente al liberal Elvin Santos, que fue vicepresidente de Zelaya.
El golpe de Estado a Zelaya sumió a Honduras en una crisis política, social y económica, además del aislamiento por parte de la comunidad internacional y la suspensión del Sistema Interamericano.
Honduras fue suspendida el 4 de julio de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no envió observadores a las elecciones de noviembre, proceso que sólo algunos países del continente han respaldado.
En lo social, el derrocamiento de Zelaya provocó una profunda polarización, al extremo de dividir a familias, amigos y otros grupos sociales por estar a favor o en contra del golpe de Estado.
La coyuntura hizo surgir al Frente Nacional contra el golpe de Estado, compuesto en su mayoría por sectores populares y dirigido por Juan Barahona como secretario general, entre otros.
El frente mantuvo sus protestas en las calles y plantones ante el Parlamento y otras plazas hasta el 2 de diciembre, cuando el legislativo ratificó el decreto mediante el cual se depuso a Zelaya.
Zelaya, quien desde el día del golpe estuvo en el exilio, regresó de manera inesperada el 21 de septiembre y se refugió en la Embajada de Brasil, desde donde siguió insistiendo en su restitución.
Desde el golpe de Estado al 30 de noviembre se habían contabilizado oficialmente cinco muertos en hechos relacionados con la crisis política, aunque organismos defensores de los derechos registran al menos una veintena, en situaciones no esclarecidas.
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