Por Ricardo Rodríguez Rosa
De acuerdo a la Constitución de nuestro país, todos tenemos derecho a protestar públicamente. Esa es una realidad completamente irrefutable.
Pero es ilógico siquiera suponer que personas y/o instituciones (no importan su importancia e incidencia que en la sociedad tengan) pueden protestar (con pancartas y consignas) en el interior de una institución policial o militar.
Sí, es cierto que constitucionalmente tenemos derecho a protestar, pero debemos tener en cuenta que hay lugares donde tales acciones no pueden ser permitidas, máxime si tal acción va acompañada de reclamos verbales y escritos.
Imaginemos lo que implicarían acciones de esa naturaleza si en los recintos militares y policiales se permite que instituciones o personas ingresen a esos lugares a protestar de esa manera. Los miembros de esos cuerpos, encargados de velar por la seguridad de los mismos, jamás lo permitirán, como seguro que usted no aceptará que a su casa ingrese alguien, sin su consentimiento, a protestar con las condiciones que impongan los visitantes.
El tema viene a colación a propósito de lo ocurrido recientemente en la sede central de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, localizada en Santiago, donde un grupo de periodistas, camarógrafos y particulares penetró, con carteles en manos y consignas gritadas a todo pulmón, reclamando el esclarecimiento del asesinato del camarógrafo Normando García (Azabache) acción que coincidió con el primer aniversario de su muerte.
Hemos visto cómo gremios periodísticos en general, dirigentes de esas instituciones, en particular y uno que otro comunicador han salido públicamente en defensa de los protestantes y, al mismo tiempo, criticando y condenando la acción policial, que consistió en evitar la continuación de la marcha en el interior de la institución, la que fue definitivamente desbandada a bombazos porque los participantes insistían en su actitud.
Ahora bien, lo que no registran las imágenes difundidas (y que aparentemente los defensores de la “libertad de expresión” no se han encargado de establecer) es que, al llegar a la puerta del recinto policial, al grupo se le advirtió que no podía entrar en esa actitud, porque en lugares como ese jamás se permite protestar de esa manera.
Pero, como era “la prensa” la que protestaba (y nosotros somos el cuarto poder) había que hacer una excepción y permitir que caminaran por el lugar (y quizás hasta llegar al despacho del general) con las pancartas en alto y las consignas a todo dar.
No he sido, soy y posiblemente nunca seré miembro de la Policía Nacional, por lo que no tengo motivos personales que me obliguen a defender esa institución y, aunque he sido, soy y seré periodista, tampoco eso me da patente de corso para aceptar pura y simplemente un hecho donde colegas sean protagonistas, sólo por aquello de que “las clases no se suicidan”.
De acuerdo a la Constitución de nuestro país, todos tenemos derecho a protestar públicamente. Esa es una realidad completamente irrefutable.
Pero es ilógico siquiera suponer que personas y/o instituciones (no importan su importancia e incidencia que en la sociedad tengan) pueden protestar (con pancartas y consignas) en el interior de una institución policial o militar.
Sí, es cierto que constitucionalmente tenemos derecho a protestar, pero debemos tener en cuenta que hay lugares donde tales acciones no pueden ser permitidas, máxime si tal acción va acompañada de reclamos verbales y escritos.
Imaginemos lo que implicarían acciones de esa naturaleza si en los recintos militares y policiales se permite que instituciones o personas ingresen a esos lugares a protestar de esa manera. Los miembros de esos cuerpos, encargados de velar por la seguridad de los mismos, jamás lo permitirán, como seguro que usted no aceptará que a su casa ingrese alguien, sin su consentimiento, a protestar con las condiciones que impongan los visitantes.
El tema viene a colación a propósito de lo ocurrido recientemente en la sede central de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, localizada en Santiago, donde un grupo de periodistas, camarógrafos y particulares penetró, con carteles en manos y consignas gritadas a todo pulmón, reclamando el esclarecimiento del asesinato del camarógrafo Normando García (Azabache) acción que coincidió con el primer aniversario de su muerte.
Hemos visto cómo gremios periodísticos en general, dirigentes de esas instituciones, en particular y uno que otro comunicador han salido públicamente en defensa de los protestantes y, al mismo tiempo, criticando y condenando la acción policial, que consistió en evitar la continuación de la marcha en el interior de la institución, la que fue definitivamente desbandada a bombazos porque los participantes insistían en su actitud.
Ahora bien, lo que no registran las imágenes difundidas (y que aparentemente los defensores de la “libertad de expresión” no se han encargado de establecer) es que, al llegar a la puerta del recinto policial, al grupo se le advirtió que no podía entrar en esa actitud, porque en lugares como ese jamás se permite protestar de esa manera.
Pero, como era “la prensa” la que protestaba (y nosotros somos el cuarto poder) había que hacer una excepción y permitir que caminaran por el lugar (y quizás hasta llegar al despacho del general) con las pancartas en alto y las consignas a todo dar.
No he sido, soy y posiblemente nunca seré miembro de la Policía Nacional, por lo que no tengo motivos personales que me obliguen a defender esa institución y, aunque he sido, soy y seré periodista, tampoco eso me da patente de corso para aceptar pura y simplemente un hecho donde colegas sean protagonistas, sólo por aquello de que “las clases no se suicidan”.
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