Brooklyn, New York, USA.
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su tercera audiencia judicial desde que fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos.
Maduro, de 63 años, permanece
detenido junto con su esposa, Cilia Flores, en una cárcel de Brooklyn mientras
avanza el proceso judicial en su contra.
La audiencia prevista para este
miércoles estará centrada principalmente en cuestiones procesales y en el
avance de la preparación del juicio.
Captura en Caracas
El exmandatario fue detenido el 3
de enero durante una operación militar estadounidense desarrollada en Caracas,
en la que participaron fuerzas navales, aéreas y terrestres.
La intervención puso fin a más de
una década de Gobierno de Maduro, quien había asumido la Presidencia de
Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
Desde entonces, la
exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina.
Acusaciones en Estados Unidos
Maduro se ha declarado no
culpable de los cuatro delitos que le atribuye la Justicia estadounidense:
conspiración para cometer
narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; posesión
de ametralladoras y artefactos destructivos; conspiración para poseer
ametralladoras y artefactos destructivos.
El expresidente sostiene que es
un "prisionero de guerra" y rechaza la legitimidad del proceso
judicial en su contra.
La disputa por la defensa
Uno de los aspectos que marcó el
proceso judicial ha sido la financiación de la defensa legal de Maduro y
Flores.
Inicialmente, las sanciones
impuestas por Washington impedían que Venezuela financiara los honorarios de
sus abogados.
Sin embargo, tras una disputa
entre ambas partes, el Gobierno estadounidense autorizó en abril que el Estado
venezolano pudiera asumir esos gastos.
La defensa había solicitado que
el caso fuera desestimado al considerar que impedir el acceso a recursos para
contratar abogados vulneraba el derecho constitucional de los acusados a elegir
libremente su representación legal.
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