La Paz, Bolivia.
La Fiscalía General del Estado de
Bolivia ha emitido una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo
Morales (2006-2019) por supuestamente haber instigado las manifestaciones
sociales de mayo y junio que pedían la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
Morales es acusado en esta
ocasión de seis delitos, entre ellos terrorismo o alzamiento armado contra el
Estado, crímenes que se habrían cometido durante las protestas que duraron 53
días y dejaron 22 fallecidos. La Policía ya tiene pendiente desde octubre de
2024 ejecutar otra orden de detención contra el exmandatario, por no haberse
presentado al juicio en su contra por presunto abuso de una menor.
Morales calificó la acción
judicial como una persecución política y aseguró que es un “desvío de atención”
de la crisis económica que atraviesa el país. “Nuestra posición siempre ha sido
clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible,
el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico (…) No
nos intimidarán”, escribió en su cuenta de la red X, desde su feudo político
del Chapare, la región tropical de Cochabamba. Allí permanece refugiado y
resguardado por campesinos cocaleros armados con lanzas improvisadas y escudos
fabricados a partir de latas de basura.
Desde su guarida ordenó en los
meses pasados que sus seguidores se unieran a las movilizaciones que ya habían
comenzado los indígenas aimaras de La Paz y los sindicatos obreros. Las
organizaciones sociales demandaban una mayor inclusión en las decisiones
políticas del Gobierno, por lo que sitiaron la capital administrativa durante
casi dos meses.
Por las pérdidas económicas
causadas y la intransitabilidad, el Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, la urbe más productiva y conservadora del país, presentó una demanda
contra Morales, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno.
La ofensiva judicial del Comité
Cívico alcanza a otros líderes de movimientos sociales que habrían
protagonizado los disturbios. La terna de acusados incluye al jefe aimara
Vicente Salazar, en detención preventiva desde el 6 de julio junto con al menos
otros tres rebeldes, y a Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB).
La detención de este último es un
tema sensible para el Gobierno, ya que fue el principal negociador para la
pacificación con el presidente Paz, quien firmó un acuerdo en el que una de las
estipulaciones era respetar el fuero sindical y renunciar a cualquier proceso
judicial contra los miembros de la central.
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