Santo Domingo, RD.
El tribunal estableció que la
ejecución del peritaje y los costos asociados quedarán a cargo de la parte
solicitante que son los hermanos Espaillat.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso de la discoteca Jet Set, siniestro que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El magistrado Raymundo Mejía,
mediante el auto núm. 057-2026, tomó la decisión al acoger un pedimento
presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes se
conocerá el juicio preliminar este lunes.
Los abogados Miguel Valerio,
Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez habían solicitado estas
diligencias, alegando una falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio
Público durante la etapa preparatoria.
El tribunal acogió parcialmente la
solicitud fundamentando su decisión en la necesidad de garantizar el derecho a
la defensa material y la igualdad entre las partes.
Las disposiciones principales
incluyen evaluaciones técnicas detalladas para las cuales se designó a los
ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso
Ibarreta.
El estudio abarcará análisis del
concreto, evaluación de la carbonatación y petrografía, análisis de materiales:
Pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo.
Investigaciones geotécnicas
para detectar posibles cuevas o fallas en las fundaciones.
Aunque la defensa solicitó
originalmente un plazo de 21 semanas, el juez lo estimó como "muy
prolongado" y otorgó 30 días hábiles para la entrega de los resultados.
Extracción de datos móviles
Se ordenó, además, que la
División de Móviles del Departamento de Informática Forense, del Inacif,
realice la extracción completa de la información de un teléfono celular Galaxy
A12 perteneciente a la señora Carmen Burgos. El tribunal acreditó al señor
Nicolás Sáenz como consultor técnico para supervisar y garantizar la integridad
de dichas evaluaciones.
Solicitudes inadmisibles
El magistrado declaró inadmisible
la solicitud de extracción de videos de cámaras de seguridad (DVR) presentada
por la defensa. Esta decisión se basó en que el Ministerio Público ya depositó
un informe técnico fechado el 17 de marzo de 2026, certificando que dichas
imágenes ya fueron procesadas, por lo que la petición carecía de objeto.
El tribunal estableció que la
ejecución del peritaje y los costos asociados quedarán a cargo de la parte
solicitante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. El auto,
emitido el 25 de marzo de 2026, ya ha sido notificado a las partes para iniciar
el plazo legal de las diligencias.
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