Santo Domingo, RD.
Desde mediados de 2024, la
diputada Selinée Méndez ha denunciado que el sistema educativo público del país
está registrando un estado de colapso, el cual imposibilita a las autoridades
gubernamentales cumplir con la responsabilidad de garantizar la formación de
todos los niños, niñas y adolescentes.
Es por esta razón que la
representante de la Fuerza del Pueblo (FP) depositó nuevamente en la Cámara de
Diputados un proyecto de ley que tiene el objetivo de sancionar los casos de
“negligencia” provocados por los funcionarios del Ministerio de Educación (Minerd),
al no poder asegurar la inscripción de todos los alumnos en las escuelas del
territorio nacional.
Estas penalizaciones podrían
incluir amonestaciones, suspensiones, destituciones o cualquier otra medida
disciplinaria prevista en la normativa aplicable, garantizando en todo momento
el derecho de defensa del funcionario afectado.
La pieza precisa que se
considerarán los siguientes criterios para determinar la gravedad de la falta
cometida por el empleado público: naturaleza intencional o no de la acción u
omisión constitutiva de negligencia, impacto o perjuicio causado al servicio
público o a los derechos de los ciudadanos y reincidencia en conductas
similares.
Los actores que podrían ser
sometidos al cumplimiento de un mandato son el ministro de Educación,
directores regionales, distritales y de centros escolares, debido a que, según
entiende la legisladora, tienen la responsabilidad de facilitar la impartición
de clases a todos los menores de edad.
El documento aclara que no sería
objeto de correctivo los fallos causados por circunstancias estructurales o
presupuestarias ajenas a “su control, siempre que el funcionario hubiere
realizado las diligencias administrativas necesarias para procurar su
solución”.
“La responsabilidad individual
solo será exigible cuando se compruebe que el funcionario disponía de los
medios materiales disponibles, la competencia funcional atribuida y la facultad
legal directa para evitar la situación de falta de cupo, y que su conducta
constituyó una omisión negligente o dolosa”, versa el contenido depositado el
pasado 28 de enero en la Secretaría Legislativa.
De acuerdo con el proyecto de
ley, los padres, tutores legales o representantes tendrían el derecho a
demandar la reparación de los daños y perjuicios “ocasionados por la negativa
de inscripción debido a negligencia”.
En este proceso el Defensor del
Pueblo tendrá un nuevo rol, ya que deberá brindar asistencia legal y
representación judicial a los afectados que los requieran.
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