Santo Domingo, RD.
Según la solicitud de medida de coerción, entre contratos y adendas,
desde agosto 2020 hasta agosto 2025, se pagó un total de RD$3, 882, 113,916.57
a la empresa de Eduardo Read.
De acuerdo a la solicitud de
medida de coerción contra las 10 personas vinculadas a este caso, el primer
contrato que firmó Eduardo Read Estrella con Senasa “para la compra y venta de
servicios de salud”, fue el 1 de septiembre de 2016, y el mismo recibió varias
adendas, “sin criterios para determinar monto y cantidad de afiliados”.
El Ministerio Público establece
que estos pagos iniciaron en 2020 con un monto fijo de 285,000 pesos, luego se
aumentó a RD$5,000,000.00; luego a RD$65,000,000.00 a favor de la empresa
Khersum, S.R.L.
Este aumento se logró a través de
la modificación de pago por capitación, que inicialmente estaban a RD$45.00 y
terminaron, conjuntamente con el aumento de los afiliados, en RD$130.00.
Dentro de las cosas que pudo
constatar el Ministerio Público en este contrato están la falta de efectividad
en los servicios contratados; no existían estándares mínimos de calidad; “la
verificación de que los servicios facturados fueron realmente prestados”, entre
otros.
Según la solicitud de medida de
coerción, entre contratos y adendas, desde agosto de 2020 hasta agosto 2025, se
pagó un total de RD$3,882,113,916.57 a la empresa de Eduardo Read.
El Ministerio Público divide los
pagos de la siguiente forma: Desde agosto a diciembre de 2020, RD$143,760,840.00;
en 20221, RD$740,544,505.12; en 2022, RD$732,609177.38; en 2023,
RD$788,546,849.12; en 2024, 788,546,849.12 y 2025, RD$494,000,000.00.
Además de cuatro adendas, una de
ellas con 12 días de diferencia, Senasa realizó con esta empresa dos contratos
más, para los mismos servicios, uno el 1 de febrero de 2022 y el otro el 24 de
enero de 2023, para “la compra y venta de servicios de salud”.
La “Auditoría Médica Forense”
realizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) el 30
de septiembre de 2025, establece que en estos contratos se pudo constatar
“indicios de irregularidades contractuales, fallas técnicas y actos
fraudulentos, vulneración de las disposiciones de la Ley 87-01 y normativas del
Sisalril”.
Además de que estos contratos se realizaron sin listados ni criterio para la selección de la población beneficiada ni controles efectivos de usos, “configuran un desvío de recursos públicos con alto impacto financiero”.
“Toda vez que se emitieron pagos
mensuales de cinco millones de pesos con 00/100 (RD$5, 000,000.00) por
servicios de telemedicina para una población estimada de dos millones (2, 000,000)
de afiliados, sin evidencias objetivas de ejecución”, dice el Ministerio
Público, a la vez de que se realizaron pagos fuera del periodo de contratos. También,
indican que se pagaron RD$62, 270,000.00 sin justificación en 2023.
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