Santo Domingo. -El
Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al
Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley número 80-24, que aprueba el
Presupuesto General del Estado para el 2025.
La iniciativa plantea la
aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los
efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía
nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión
pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un
crecimiento sostenible.
En total, los ingresos estimados
para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del
producto interno bruto (PIB) proyectado.
En materia de gastos, se plantea
un aumento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado
inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a
RD$35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.
Estos recursos adicionales se
destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la
Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET); el
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); el Servicio
Nacional de Salud (SNS); la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y
los gobiernos locales, entre otras instituciones.
Asimismo, el incremento en el
gasto incluye la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y
programas sociales, además de recursos adicionales para organismos
constitucionales.
Entre ellos, se destacan acciones
para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma
policial.
Como resultado, se proyecta un
aumento del déficit fiscal, que pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para
2025. Sin embargo, este incremento será financiado principalmente con
excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se
generen presiones adicionales sobre la deuda pública.
Este proyecto garantiza el
cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad
Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada,
sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.
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