El planteamiento fue presentado en su columna quincenal
"Observatorio Global", donde reconoce como mérito del proyecto su
intención de superar el anacronismo de la Ley 6132 sobre expresión y difusión
del pensamiento, de 1962, y del Reglamento 824, de 1971. No obstante, advierte
sobre deficiencias estructurales y omisiones importantes que, a su juicio,
deben ser abordadas antes de su aprobación.
Fernández señala que, aunque la iniciativa se sustenta en principios
legales nacionales e internacionales y busca regular la libertad de expresión
en medios impresos, digitales, audiovisuales y algorítmicos, existe una
incongruencia en el tratamiento de los medios tradicionales. Subraya que las
plataformas digitales reciben atención prioritaria, mientras que la radio y la
televisión modalidades ausentes en la ley vigente son abordadas de forma
limitada e insuficiente.
Cuestiona, además, la ausencia de referencias a tratados
internacionales sobre telecomunicaciones, al estatuto legal de las empresas
audiovisuales, y a la clasificación de los diferentes modelos de transmisión
televisiva. También plantea interrogantes esenciales, como los criterios para
la distribución del espectro radioeléctrico o las responsabilidades del
personal que trabaja en medios audiovisuales.
En el análisis, Fernández destaca que varios países han
comenzado a regular las nuevas formas de comunicación digital y algorítmica
como la Unión Europea, España y Brasil, aunque se trata de un campo todavía en
evolución. En ese contexto, cuestiona que el proyecto dominicano proponga
reactivar la Comisión de Espectáculos Públicos bajo una nueva figura, el Instituto
Nacional de Comunicación Audiovisual (INACOM), con potestades sancionadoras que
podrían generar controversias.
El también presidente de la Fundación Global Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE) concluye que, aunque el proyecto representa una oportunidad
para modernizar el marco legal sobre libertad de expresión, es indispensable
someterlo a un debate amplio, riguroso y plural que garantice su coherencia,
equidad y respeto a los principios democráticos.
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