El empresario que advirtió irregularidades en un proceso de licitación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) dijo este jueves que está dispuesto a testificar en contra de los funcionarios que ayer fueron cancelados por el Poder Ejecutivo, tras su denuncia. Pablo Cabrera, propietario de la empresa proveedora de servicios de alimentos “La Z”, asegura que es su deber y está 100% dispuesto a participar como testigo en las audiencias sobre el caso de corrupción. “Tengo que hacerlo. Por tratarse del caso que es no me agrada, pero tengo que hacerlo por el pueblo dominicano, por una situación en la que exista una transformación de lo que estamos viviendo”, afirmó al ser entrevistado en el programa El Día. Mediante decreto, fueron destituidos el director de operaciones, Ricardo Guzmán; la directora de Compras, Maira Martínez; Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública, quienes serán puestos a disposición de la justicia, según informó Flavio Dario Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.